Demanda antimonopolio de la UFC
Pues resulta que la gran mayoría de los luchadores elegibles ya han recibido su parte del acuerdo histórico de 375 millones de dólares de la demanda antimonopolio contra la UFC. Pero, como suele pasar en estos casos, todavía hay algunos flecos sueltos con los pagos restantes.
La verdad es que las cifras son bastante impresionantes. Según la última actualización del bufete Berger Montague, ya se han distribuido más de 237 millones de dólares a 984 reclamantes repartidos por 44 países diferentes. Esto viene del caso Le vs. Zuffa, que cubría a los peleadores que compitieron en la UFC entre 2010 y 2017. Si lo piensas bien, estamos hablando de más del 90% de los atletas elegibles, de un total de 1,088 miembros de la clase que presentaron reclamaciones.
Los desafíos pendientes
Ahora bien, no todo es color de rosa. Los abogados están trabajando «contra reloj» para distribuir los pagos a los reclamantes restantes, pero se han topado con varios obstáculos interesantes.
Por un lado, hay problemas de procesamiento bastante comunes: instrucciones de pago que están bajo revisión, inconvenientes con transferencias ACH o wire, ese tipo de cosas técnicas que siempre retrasan un poco las cosas.
Pero luego están los casos más complicados. Algunos pagos no han podido procesarse por cuestiones legales delicadas. Imagínate: disputas sobre quién debe recibir el dinero (¿la expareja? ¿las autoridades fiscales?), o situaciones donde directamente no está claro quién es el destinatario legítimo. Los ejemplos más frecuentes incluyen reclamantes que fallecieron sin testamento, miembros de la clase que están divorciados, o aquellos con obligaciones de manutención infantil pendientes.
Y por si fuera poco, hay otro grupo particular: luchadores que viven en países sancionados por la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.). En estos casos, hay prohibiciones estrictas para enviar fondos, y probablemente se necesitará intervención judicial para resolverlo.
El contexto histórico
Para poner todo esto en perspectiva, recordemos que este acuerdo de 375 millones fue aprobado por el juez Richard Boulware en 2025. Todo empezó en 2014, cuando la antigua empresa matriz de la UFC, Zuffa, fue acusada de mantener un poder monopólico en el mercado de servicios de peleadores de MMA de élite. Básicamente, la acusación decía que compraban organizaciones rivales y limitaban los ingresos de los luchadores mediante contratos exclusivos.
Lo curioso es que esto no termina aquí. Hay otra demanda antimonopolio en curso que incluye a peleadores que compitieron en la UFC desde 2017 en adelante. Así que, en cierto modo, esta historia continúa.
En fin, mientras la mayoría ya tiene su dinero en el bolsillo, un pequeño grupo todavía espera resolver estos últimos detalles. La paciencia, como dicen, es una virtud.
